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Marcos Galperin es el empresario más rico de la Argentina y, sin dudas, uno de los más influyentes. Construyó Mercado Libre, un imperio digital de ventas y pagos online que es la plataforma de comercio electrónico más grande de la región. Es también la empresa local de mayor valor, con un market cap de más de USD 82.000 millones.
Comanda un negocio exitoso que no está exento de críticas, en el país y en el exterior. Y en los últimos meses emergió como un tuitero feroz. Siempre activo en las redes, pasó de discutir años atrás con Juan Grabois y los gremios de Camioneros y La Bancaria –muchas veces con argumentos más que sólidos– a hacerlo con casi cualquier tuitero que se le cruza en el ciberespacio.
Su última pelea “tuitera” tuvo una deriva inesperada y seguramente incómoda. Mientras él da batalla en redes contra “peronia” –forma despectiva que usa para criticar a la Argentina gobernada por peronistas– y celebra que Javier Milei haya llegado para “salir de la decadencia y la pobreza en la que nos hundió el populismo”, el propio balance de la empresa muestra que recibe más de USD 100 millones por año en subsidios impositivos, beneficios que le otorga el Estado argentino.
El informe del tercer trimestre del 2023, que la empresa presenta puntualmente ante la SEC de EEUU –porque desde 2007 cotiza en Wall Street– lo describe con detalle. Así, se explica que en agosto de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento emitió la Disposición 316/2021 que aprobó la solicitud de la empresa para acogerse al régimen de promoción de la economía basada en el conocimiento (Ley N° 27.506 complementada por el Decreto 1034/2020). Son apenas dos párrafos de un informe de resultados de 76 páginas.
Allí se explicita que en los primeros nueve meses de 2023, la empresa recibió beneficios impositivos por USD 35 millones y USD 49 millones en concepto de “seguridad social” (aportes patronales). O sea, un total de USD 84 millones que extrapolados de manera directa superarían los USD 110 millones para todo el año.
En 2022, para esos mismos meses, los beneficios habían sumado 35 millones de dólares. En un año, 140% en dólares. Además, tiene otros “descuentos” no mencionados en esas líneas, como beneficios en Ingresos Brutos en Capital Federal y otras jurisdicciones.
El régimen de promoción comenzó con la vieja Ley del Software, que se sancionó en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y tuvo algunas modificaciones hasta la actual ley de Economía del Conocimiento.
La propia “Meli” –según la sigla con la que cotiza– describe su funcionamiento en otro balance, el del año 2022. La norma incluye la reducción de la carga de Ganancias (60% para micro y pequeñas empresas, 40% para medianas empresas y 20% para grandes empresas) sobre las actividades promocionadas, aplicable tanto a rentas de fuente argentina o extranjeras; ofrece estabilidad de los beneficios del régimen de promoción; y da un bono de crédito fiscal intransferible por un importe del 70% (que puede llegar al 80%) del aporte a la seguridad social para empleados que hagan las actividades promocionadas que se puede usar contra IVA y, algunos exportadores, también para Ganancias.
“Les corresponde, claro. Es un gran empleador del sector, seguramente uno de los más grandes. Pero también es verdad que es el mayor beneficiario y que por alcance y tamaño, como gesto, podría renunciar. Es un régimen al que se adhiere o no”, explicaron desde el sector tech.